La reforma electoral mantuvo los mismos requisitos para candidaturas independientes en Michoacán: Raúl Zepeda

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó en su oportunidad que la reforma electoral aprobada en Michoacán mantuvo intactos los requisitos para las candidaturas independientes, al preservar el porcentaje del 2 por ciento del listado nominal, tanto para quienes aspiraron a contender por la gubernatura del estado como para las diputaciones locales en cada distrito electoral.

El encargado de la política interna explicó que, de acuerdo con el listado nominal vigente, para una candidatura independiente a la gubernatura de Michoacán se requirió la recolección de 73 mil 196 firmas ciudadanas, cifra equivalente al 2 por ciento de los 3 millones 659 mil 813 ciudadanos inscritos en la lista nominal estatal.

Asimismo, detalló que para las diputaciones locales el requisito también se conservó en el 2 por ciento del listado nominal correspondiente a cada distrito electoral, por lo que las firmas requeridas oscilaron entre las 2 mil 576 y las 3 mil 634, dependiendo de la demarcación.

Raúl Zepeda Villaseñor señaló que la reforma no vulneró ni limitó la participación de las candidaturas independientes, sino que fortaleció las reglas democráticas para garantizar condiciones claras, equitativas y transparentes para todos los ciudadanos que desearon participar en la vida pública del estado.

“Las candidaturas independientes estuvieron plenamente garantizadas y respetadas dentro de la reforma aprobada. Se mantuvo el mismo porcentaje del 2 por ciento para la recolección de firmas y, además, se impulsó una reglamentación que otorgó certeza y piso parejo para quienes buscaron participar por esta vía”, expresó el funcionario.

Indicó que el Gobierno de Michoacán se consolidó como garante de procesos democráticos abiertos, privilegiando siempre la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones electorales.

Finalmente, subrayó que la reforma respondió a la necesidad de consolidar reglas claras para todos los actores políticos, preservando los derechos político-electorales de la ciudadanía y fomentando una mayor confianza en los procesos democráticos del estado.